La Iglesia Católica en el país participa con el claro compromiso en apoyar la protección, promoción y garantía de los derechos humanos de personas migrantes, refugiadas y desplazadas en las regiones.
Allí, se ha pedido al Gobierno adoptar medidas para eliminar la discriminación, el racismo, la xenofobia y la criminalización de personas migrantes e implementar acciones para condenar y contrarrestar las expresiones, actos y manifestaciones de estas conductas, así como promover nuevos discursos sobre la migración y las personas migrantes.
Los crecientes flujos migratorios, que incluyen la movilidad inducida por el cambio climático y las deportaciones masivas, principalmente desde el norte de América, son realidades donde la Iglesia en Colombia evidencia que son urgentes las respuestas integrales tanto del gobierno en políticas públicas como de los entes defensores de derechos en los 32 departamentos del país.
Finalmente, invitaron al sector privado y la sociedad civil a reconocer su papel fundamental en la lucha contra la discriminación que sufren las personas migrantes.